Paraísos Fiscales, Corrupción y Recortes al Gasto Público: ¿Recursos Sociales en disputa?
* Artículo escrito a inicios de 2017
Odebrecht es un nombre bastante mencionado en estos días en los medios de comunicación: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de acusar a la multinacional brasileña de actos de corrupción millonarios en Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador y otros cuantos países de América Latina. En Ecuador, la empresa está acusada de pagar cerca de 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos entre 2007 y 2016 a cambio de contratos con beneficios para la compañía que ascenderían a unos 116 millones de dólares. Movimiento sutil pero certero de la justicia norteamericana, después de que hace algunos meses se desvelara también el caso de los Panama Papers, donde se revelaron documentos que dan cuenta de millonarios movimientos de empresas latinoamericanas para evadir impuestos en sus países. Según la CEPAL, actualmente la riqueza estacionada en paraísos fiscales asciende a 7,6 billones de dólares.
Ambos han sido sin duda alguna, denuncias con afectaciones directas a los implicados: en el un caso, funcionarios de gobierno implicados en recibir sobornos por parte de la multinacional, en el otro, empresas y personas que sacaron sus capitales a un paraíso que les exentaba del pago de impuestos. Ambas denuncias hablan de montos millonarios que en el caso de paraísos fiscales la CEPAL indica corresponden al 4,3% del PIB regional en el 2015. Ingentes recursos que se escapan de las arcas de los gobiernos latinoamericanos para afrontar la pobreza y la desigualdad.
Para complementar, el año pasado el Senado de Brasil ha aprobado un proyecto de ley que limitaría el aumento del gasto público –pues no se habla de inversión- en sectores claves donde se requiere de una intervención del Estado como son la salud y educación, para los próximos 20 años. Esto significa que los sectores más desfavorecidos del Brasil verán reducidos sus ingresos reales o lo que es peor, disminuir su nivel de vida al verse limitado su acceso a servicios públicos. Recursos que les quitan a los brasileños de su bolsillo. En Argentina, el gobierno pretende reducir el presupuesto en educación de 7,16% a 6,78% en 2017. En Ecuador, la campaña electoral anuncia ofrecimientos de eliminación total de impuestos, lo que implicaría para el Estado recortes de miles de millones de dólares al año para salud, educación e inversiones estatales.
Estos tres sucesos parecerían aislados como muchos otros acaecidos en el poco aplaudido 2016; pero no lo son. Son la demostración diáfana de que en la región se está disputando los recursos económicos de manera frontal y abrupta. Ya sea por corrupción directa, por argucias tributarias elusivas o por recortes al presupuesto público, las poblaciones de los países cada vez ven más reducidas sus opciones de acceder a servicios de salud gratuitos de calidad y a una mejor educación que construya democracias inclusivas en la región. Los grupos del poder tradicional en América Latina han optado por coaptar no solamente el poder económico, sino ahora político y judicial para consolidar su control sobre la riqueza.
Como lo dijo Ha-Joon-Chang en su última visita al Ecuador, quienes colocan su capital en paraísos fiscales son delincuentes pues le están robando el dinero a los Estados de donde se produjo el excedente gracias a la inversión social de ese país. No son en consecuencia, mecanismos legítimos que responden a una planificación tributaria de capitales. El académico sur coreano y antiguo asesor de Oxfam también manifestó que reducir la inversión social de un país es reducir sus capacidades productivas. En otras palabras, los paraísos fiscales, la corrupción y los recortes del gasto público condenan perpetuamente a los pueblos a la pobreza y la desigualdad, impidiéndoles alcanzar satisfacer adecuadamente sus derechos fundamentales. Los Estados deben contar con estos recursos financieros para asegurar no solamente la salud y educación de su población, sino también una infraestructura y capital productivo que no condene el desarrollo económico y social de los países.
Suficiente argumento para mostrar cero tolerancia y combatirlos a través de inteligentes políticas nacionales y globales. Existen ya interesantes iniciativas globales en este sentido, como el plan de acción de Addis Abeba, mismo que contempla la reducción de las corrientes financieras ílicitas para el 2030 a través del fortalecimiento de legislaciones nacionales e incrementar la cooperación internacional para disminuir la evasión tributaria y la corrupción. El 2017 nos dirá sin duda, si se dieron pasos importantes para combatir la corrupción y mejorar la capacidad de los Estados para atender a sus poblaciones.
